El 20 de marzo la política penitenciaria española se pone a examen en la máxima instancia judicial europea. Aunque la sentencia todavía podría tardar tiempo en llegar, ese día se verá en la Gran Sala el recurso español contra el fallo de julio que declaró ilegal la extensión de la condena a Del Río y toda la doctrina subyacente. La debilidad jurídica de la posición de Madrid le lleva a poner en cuestión la propia competencia del tribunal.